El Quejigal, el palacio abulense que fue propiedad de Felipe II, y que albergará el próximo año un hotel de lujo, jugó un papel fundamental en la contención del temible incendio de Burgohondo en su vertiente abulense. La clave: la disposición en mosaico de la vegetación de la finca y la existencia de una estructura organizada a través de cortafuegos. Esto no solo impidió que el fuego se expandiera, sino que facilitó la labor de los bomberos.

El Quejigal es una excepción, casi podríamos decir que un contra modelo ejemplar, dado que la tónica generalizada en Castilla y León, y en buena parte de España, es justo la contraria: fincas abandonadas a su suerte, sin ningún tipo de tratamiento forestal, pasto fácil para las llamas cuando se desatan en compañía de fuertes rachas de viento.

El Quejigal es una finca de 1.200 hectáreas de extensión, situada en el municipio abulense de Cebreros. Lo que la convierte en una excepción, no solo en la comunidad, sino en buena parte del país, es que lleva dos décadas siendo objeto de una intensa gestión agroforestal: limpieza periódica del sotobosque, eliminación de combustible fino, control de la densidad del arbolado, mantenimiento de los caminos y cuidado de los cortafuegos, entre otras medidas. El problema es que cuidar una finca como El Quejigal requiere personal y dinero, que es justo lo que falta en la inmensa mayoría de las fincas privadas de Castilla y León.

En esta comunidad, aproximadamente la mitad de la superficie forestal es de naturaleza pública, comunal, ligada a ayuntamientos, pero la otra mitad está en las manos de más de 700.000 pequeños propietarios. Muchos ni saben dónde está su propiedad y la mayoría de ellos tienen abandonadas sus fincas, porque no les generan ninguna rentabilidad que justifique el coste de realizar labores de limpieza, desbrozado o tratamiento.

El resultado de ese desorden es la existencia de hectáreas y hectáreas de masas boscosas pegadas unas a otras, con contacto intenso de ramas o copas. A ello hay que añadir que la desaparición, o reducción, de otras prácticas que eran habituales hace unas décadas, como la ganadería o la agricultura, que ayudaban a interrumpir esa continuidad, es sustituida desde hace unos años por nuevas masas boscosas que agravan el problema.

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“El problema ahora es que las zonas arboladas tienen una gran continuidad que facilita la expansión del fuego”, explica Rubén Díaz, ingeniero de Montes y técnico de la Junta. “Todo lo que permita crear discontinuidades para reducir el volumen de combustible forestal disponible para las llamas es una buena medida de prevención. No tiene ninguna lógica que haya una continuidad de miles de hectáreas de plantaciones de pinos”. Por ello, Rubén Díaz sugiere que también sería una buena idea favorecer la implantación de entornos adehesados, con poco arbolado. Pero hace falta que tengan algún propósito y posibilidad de obtener un rendimiento económico.

A todo ello se añade el impacto del cambio climático “que favorece que la vegetación se seque antes”, explica. Estas nuevas circunstancias climáticas han agravado y puesto en evidencia una carencia importante que ya existía desde hacía años, como consecuencia del abandono del medio rural, pero que no era tan visible, ni se manifestaba de forma tan virulenta como en la actualidad.

Lo que complica la situación es que la gestión forestal no es tarea fácil en una comunidad tan minifundista como Castilla y León. Una comunidad que cuenta, además, con el problema añadido de una legislación particular que dificulta, incluso impide, los procesos de concentración parcelaria forestal, que tan importantes podrían ser para ayudar a ordenar el territorio y desbrozar los montes.

“La Ley Agraria estatal explica que lo agrario incluye lo agrícola, lo ganadero y lo forestal. Pero, en cambio, la ley de Castilla y León excluye lo forestal y solo considera agrario lo agrícola y lo ganadero”, explica Jesús Pestaña, presidente de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE). Esto impide aprobar procesos de concentración parcelaria que sean solo de naturaleza forestal. “Demandamos una concentración parcelaria forestal. La agrícola tuvo un impacto muy positivo, pero no parece que haya ningún propósito de impulsar esta”.

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Significativamente, en la pasada legislatura, el PSOE presentó un proyecto de ley con un único punto que debería incorporarse a la legislación autonómica: lo forestal es también agrario, lo que justamente permitiría desbloquear esta cuestión. El pleno de las Cortes aprobó la toma en consideración de la propuesta, pero nunca llegó a tomarse ninguna medida y, al final de la legislatura, decayó. Y la legislación autonómica sigue siendo una rareza que no se ajusta a la normativa estatal.

Ante la práctica imposibilidad de unificar territorio, la única solución es crear agrupaciones de propietarios que se coordinen para rentabilizar las fincas y que puedan encargar a otros su gestión. FAFCYLE trabaja para impulsar ese tipo de uniones de dueños, pero es un reto complicado, tal y como reconoce Jesús Pestaña, precisamente a causa del minifundismo existente.

Una de las iniciativas que se encuentra en un estado más avanzado es Forgarero, que se inició hace casi una década en la comarca de Sanabria. En septiembre se presentará el Plan de Gestión Forestal conjunto, pero habrá que esperar hasta 2027 para empezar a actuar en el territorio, según explica Diego Rodríguez, responsable técnico del proyecto, que contempla aprovechamiento maderero y micológico en la zona, entre otras medidas. Por el momento, Forgarero aglutina a 300 de los 5.000 propietarios forestales de la zona, aunque sus promotores confían en que se vayan sumando muchos más. Pero, de nuevo, es una excepción, junto a otra iniciativa similar en el Bierzo. El resto bien podría ser descrito como un erial.