La crisis de Ceuta ha provocado un terremoto político de primer orden justo cuando falta un año para las próximas elecciones generales. El temblor ha traspasado las fronteras con Dinamarca e Italia, armando un frente común al calor del discurso migratorio y con nuevos controles Schengen. En lo doméstico, Vox ha tomado fuerza, como ocurre cada vez que hay un conflicto relacionado con la inmigración, y el PP ha elevado sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la partida también se juega en el campo de la izquierda, con movimientos por debajo del tablero que llaman la atención.

En el PSOE guardan un estudiado silencio, pero el Gobierno se ha posicionado claramente en un nuevo capítulo de la política de apaciguamiento con Marruecos. Con la excepción de Margarita Robles, titular de Defensa, el mensaje general es benevolente con Rabat, como demostró el martes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y luego hizo el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El jefe de la diplomacia española es punta de lanza de la estrategia de concesiones a la monarquía alauí, como demostró el giro en la posición histórica sobre el Sáhara Occidental. Y con varios miles de inmigrantes en Ceuta después del asalto del 30 de julio, Albares insistió ostensiblemente en que la colaboración marroquí ha sido clave en la gestión de la crisis.

En medio de ese escenario político hay un actor que ha alzado la voz en el espacio de la izquierda radical, históricamente crítico con el giro del PSOE respecto a Marruecos. No ha sido Podemos, que mantiene un perfil bajo propio del mes de agosto. Ni mucho menos Sumar, desaparecido después del tercer intento de relanzamiento del proyecto fundado por Yolanda Díaz a pesar del envite por la prórroga de Almaraz. Se trata de Izquierda Unida, que desde el primer momento se situó en una posición crítica con la respuesta del socio mayoritario del Ejecutivo. Y esto no es casualidad.

IU mantiene un compromiso histórico con el Sáhara y no es la primera vez que se cruza en sus gobiernos de coalición. En las últimas etapas como socio minoritario del primer Ejecutivo andaluz de Susana Díaz, el entonces vicepresidente, Diego Valderas, anunció su voluntad de viajar a los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), lo que provocó una profunda crisis en la alianza, que ya estaba muy maltrecha y acabó rompiendo poco después. El jefe de IU Andalucía entonces era Antonio Maíllo, hoy coordinador general de IU a nivel estatal.

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Con ese historial, el propio Maíllo reclamó en los primeros compases de la crisis en Ceuta una revisión de las relaciones con Marruecos, una idea que volvió a retomar el pasado lunes 10 de agosto en el homenaje a Blas Infante por el 90 aniversario de su fusilamiento. "La política de apaciguamiento ha sido inútil", espetó el político cordobés en Sevilla para después solicitar la "reestructuración" de las relaciones con Rabat tras el episodio en la ciudad autónoma, ya que IU considera que el régimen de Mohamed VI ha sido "cómplice" de lo que ocurrió en el Tarajal a finales del mes pasado.

Entre las dos andanadas de Maíllo, su partido ha impulsado en el Congreso una proposición no de ley que reclama la exclusión de Marruecos de la organización de la Copa Mundial de la FIFA de 2030. Aunque la iniciativa, que será apoyada por Vox, lleva el membrete de Sumar, los diputados que la secundan son miembros de la federación de izquierdas, que han encabezado la posición crítica con el socio mayoritario en lo que respecta a Rabat y la crisis de Ceuta.

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Esto no significa que IU vaya a abandonar la coalición que sustenta a Pedro Sánchez en Moncloa por la situación en la ciudad autónoma. Sólo hay que ver que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es una de las protagonistas de la respuesta a la entrada de unos 80.000 inmigrantes en el enclave norteafricano. Sus competencias así la obligan, ya que su departamento va a desplegar una partida de 25 millones para atender a los menores extranjeros que cruzaron la frontera el pasado 30 de julio. Las competencias son autonómicas, pero ante el desborde de los servicios ceutíes, el Ejecutivo se ha desplegado allí con la presencia de Rego durante varios días.

Lo que sí significa es que los partidos empiezan a tomar posiciones ante la pugna electoral que se atisba ya en el horizonte. Incluso en Izquierda Unida se sorprenden de la tibieza del resto de la izquierda, aunque entienden que Sumar está un tanto descabezado. Sobre la actitud silenciosa de Podemos no encuentran explicación, pero lo que sí tienen claro es que esta situación es una oportunidad para marcar perfil propio, como ya ocurrió con la crisis del material militar comprado por el Ministerio del Interior a Israel a mediados de 2025.

En la federación de izquierdas se muestran convencidos de que el PSOE había deshojado ya la margarita sobre su estrategia con sus socios en las próximas elecciones. Ante la debilidad de lo que fue el espacio de Sumar en 2023, los socialistas tienen dos opciones. Una pasa por favorecer una candidatura capaz de captar esos millones de votos que nunca irán a parar a sus urnas y así intentar resistir otra vez en 2027. La otra sería intentar el abrazo del oso y crecer a costa de sus ahora aliados en un contexto de estrechamiento del electorado de izquierdas, sobre todo por los casos de corrupción que circundan al PSOE y la coyuntura internacional.

IU cree que en Ferraz/Moncloa habían decidido ya apostar por la segunda vía, pero la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ha dejado al PSOE paralizado. En ese escenario, el partido de Antonio Maíllo ha optado por elevar el tono para marcar perfil propio en medio de una reconfiguración que está por llegar, pero que ya no debe tardar mucho. Las elecciones serán, como tarde, en julio de 2027, pero muchos ven ya a Sánchez colocando las urnas en el primer trimestre de 2027 y, para llegar en buenas condiciones, hay que darse prisa.